Entrevista a Jean-Claude Paye sobre las consecuencias para el ciudadano ordinario de las legislaciones «antiterroristas». legislaciones «antiterroristas»
Sivia Cattori

En diciembre de 2005 los medios de comunicación revelaron que la NSA, una agencia [estadounidense] cuya misión oficial es espiar fuera de Estados Unidos, había sometido a ciudadanos estadounidenses a escuchas electrónicas. Un año más tarde revelaron que la misma NSA había fichado millones de comunicaciones y que la CIA vigilaba todas las transacciones financieras internacionales. En Europa diferentes parlamentos nacionales ya habían establecido y legitimado en medio de la indiferencia general una legislación que impone la retención de los datos personales.

Mientras que en Estados Unidos los medios de comunicación se han hecho eco de este asunto y las organizaciones de defensa de las libertades individuales han hecho campaña contra estas disposiciones sin provocar, sin embargo, una movilización popular, en Francia y Alemania prácticamente no han suscitado reacciones unos proyectos de ley que permiten a la policía espiar a distancia el ordenador de aquellas personas que considera sospechosas de terrorismo.
En la entrevista concedida a Silvia Cattori el sociólogo belga Jean-Claude Paye demuestra cómo las leyes «antiterroristas» vacían de su sustancia todas las protecciones legales nacionales y europeas, y aclara el alcance de unas disposiciones que legalizan la introducción de programas informáticos espía en los ordenadores privados.

Entrevista a Jean-Claude Paye sobre las consecuencias para el ciudadano ordinario de las legislaciones «antiterroristas». legislaciones «antiterroristas»

Silvia Cattori: ¿Está ya en aplicación la legislación de la Unión Europea sobre la vigilancia de los ciudadanos?

Jean-Claude Paye [1]: La mayoría de los Estados miembro de la Unión Europea disponen ya de legislaciones que imponen a las compañías telefónicas y a los suministradores de acceso a internet conservar los datos de conexión de sus clientes durante un tiempo más o menos largo, o indefinidamente, como en Bélgica. En varias ocasiones la propia Unión Europea ha elaborado proyectos fallidos de decisión marco que iban en el mismo sentido y cuyo objetivo era imponer un periodo mínimo de dos años de retención de los datos. Esta violación de la protección de los datos personales va acompañada de proyectos como la violación del contenido de un ordenador, con desconocimiento de su usuario. En Francia el proyecto de ley de orientación y de programación para la seguridad interior (LOPSI, por sus siglas en francés), presentado al consejo de ministros en enero de 2008, va a autorizar el espionaje electrónico durante una investigación policial.

Se trata de permitir a la policía introducirse secretamente en los ordenadores de quienes son sospechosos de terrorismo o de pertenecer al crimen organizado. Alemania está preparando un proyecto de ley análogo. Las fuerzas del orden podrían estar autorizadas a espiar la superficie y el contenido de los discos duros de cualquier sospechoso. Se trataría de un «Caballo de Troya» (sistema informático espía) con un registrador de tecleado (keylogger) adjunto en secreto a un correo electrónico procedente de una agencia oficial. En concreto esto significa que los servicios de policía pueden utilizar un programa informático espía para leer todo lo que está dentro de un ordenador privado, sin que lo sepan la persona concernida. En Estados Unidos la policía tiene desde 2001 esta posibilidad de introducirse secretamente en un ordenador. Este procedimiento, llamado «linterna mágica» es uno de los dispositivos liberticidas introducidos por la famosa USA Patriot Act [2]. Estas medidas, que en un principio se votaron para tener una vigencia de cuatro años, se han convertido en permanentes [3].

Silvia Cattori: ¿Antes no era posible someter a escucha y vigilar los correos electrónicos ?

Jean-Claude Paye: Los servicios de inteligencia siempre han podido seguir el rastro de la gente y entrar en un ordenador cuando querían. Pero este espionaje era ilegal. Lo que es una novedad es que todo cuanto se recoge ahora puede servir para iniciar un procedimiento judicial.

Silvia Cattori: ¿Podría una persona que expresa en sus correos electrónicos su simpatía por un grupo inscrito en las listas «terroristas» ser perseguida por colusión con el terrorismo?

Jean-Claude Paye: Sí, porque se ha producido una evolución de las leyes antiterroristas. Manifestar simpatía por grupos catalogados como «terroristas» es ya una infracción. En Gran Bretaña decir, por ejemplo, «Hamas o Hizbola son movimientos legítimos de resistencia», podría constituir un delito de apoyo indirecto en el marco de la ley inglesa Terrorist Bill of 2006. En Gran Bretaña es donde las leyes antiterroristas son más abiertamente liberticidas. En 2006 Gran Bretaña introdujo los delitos de «enaltecimiento» y de «apoyo indirecto» al terrorismo [4]. Estas incriminaciones no persiguen los hechos, sino las palabras de resistencia al poder o, simplemente, el acto de revelar unos hechos que contradicen la política del gobierno. Por ejemplo, se acosó a unos militantes por incitación indirecta al terrorismo por el hecho de haber enunciado públicamente los nombres de los soldados ingleses muertos en Iraq. El poder considera que la persona que enuncia estos hechos da publicidad a unos actos catalogados de terroristas (las acciones de la resistencia) y que esta publicidad crea así un «clima favorable» al terrorismo.

Acciones o palabras de apoyo a la resistencia palestina también podrían servir de base a estas investigaciones. Tampoco es necesario que se trate de conflictos contemporáneos: se podrían retener palabras o escritos que enaltecen atentados del pasado si una persona que comete un acto como poner una bomba en el metro declara haber sido incitada a cometerlo por las palabras o escritos incriminados. Existe un efecto retroactivo y no está objetivamente limitado en el tiempo[5]. En otros países en los que, como en Bélgica, no existe el delito de apoyo indirecto al terrorismo se intenta de introducir estas nociones a través de la jurisprudencia [6].

Por lo tanto, no es inútil observar lo que ocurre en Inglaterra. Es el país más avanzado en el desmantelamiento del Estado de derecho. Es de esperar que lo que se ha establecido en este país se imponga tarde o temprano al resto del continente. También nos acecha la legislación inglesa que criminaliza el acto de aportar un simple apoyo verbal o escrito a una parte implicada en un conflicto internacional en oposición a la política exterior del gobierno británico y el acto de relatar unos hechos que están en contradicción con la política gubernamental.

En Bélgica y en otros países europeos ha fracasado por el momento el intento de criminalizar a las personas a través de la jurisprudencia [7]. La evolución de la situación dependerá de la capacidad de reacción de los ciudadanos europeos en relación a los proyectos gubernamentales. Es en este marco, el de la posibilidad cada vez mayor de criminalizar no sólo los actos, sino también toda palabra escrita incómoda para la política del gobierno a propósito de un conflicto violento en cualquier lugar del mundo, donde conviene considerar todas les perspectivas de persecución policial que ofrece el espionaje legal de los ciudadanos por parte de la policía. Estos procedimiento permitirán utilizar en un momento dado lo que se ha recogido como elemento de prueba en el marco de lo que se define como apoyo indirecto o enaltecimiento de actos y de organizaciones «terroristas». Hay que situar en este marco el procedimiento de captura del contenido de los ordenadores por medio de sistemas informáticos espía, que en Europa se llaman «Caballo de Troya» y en Estados Unidos, «Linterna mágica».

Silvia Cattori: ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto de decisión-marco de la Unión Europea antes mencionado y las leyes adoptadas, por ejemplo, en diciembre de 2001 en la República Federal Alemana y en Italia, y que obligan a los bancos, oficinas de correos, operadores de telecomunicaciones y compañías aéreas a proporcionar los datos personales de sus clientes? ¿Se van a volver caducas las leyes de los países miembro?

Jean-Claude Paye: Estas leyes se siguen aplicando. La futura decisión-marco de la Unión Europea concerniente a la retención de los datos personales no aporta nada nuevo en relación a lo que ya existe en la mayoría de los Estados miembro. Se trata únicamente de forzar a los últimos recalcitrantes y, sobre todo, de imponer un plazo mínimo de conservación de los datos. En una palabra, se trata ante todo de una acción de racionalización y de unificación de los procedimientos a nivel del conjunto de la Unión Europea. El control de las comunicaciones electrónicas no es más que uno de los elementos del control global instaurado desde 2001.

Silvia Cattori: ¿Está pensando usted en el control de las transacciones financieras internacionales y de los pasajeros de las compañías aéreas?

Jean-Claude Paye: Sí, fundamentalmente. No se trata sólo de una pieza del sistema de espionaje de los ciudadanos establecido después del 11 de septiembre, sino también antes de esta fecha en lo que concierne al programa de escuchas de la NSA. En efecto, a finales de 2005 la prensa estadounidense reveló que este sistema se había establecido por lo menos siete meses antes del 11 de septiembre 2001.

En primer lugar hay que recordar que la USA Patriot Act otorga al poder ejecutivo de Estados Unidos la posibilidad de controlar el conjunto de los bancos y sociedades financieras extranjeras que tenga filiales en el país. Los artículos 313 y 319 (b) de esta ley obligan a estas instituciones financieras a responder positivamente en un plazo de 120 horas a las peticiones de una agencia federal no sólo sobre las cuentas inscritas en su agencia situada en territorio estadounidense, sino también sobre los movimientos entre la cuenta estadounidense que es su objetivo y otras cuentas del banco situadas en el extranjero y, de este modo, sobre estas propias cuentas. Para conservar el derecho a tener agencias en territorio estadounidense o a tener relaciones comerciales con sociedades financieras estadounidenses, estos bancos tienen que estar certificados por el Departamento del Tesoro [estadounidense], es decir, obtener la Patriot Act Certification. Para ello deben cumplir ciertas condiciones, como la identificación precisa de sus clientes y de la procedencia de los fondos en el momento de la apertura de la cuenta. De este modo, en el espacio de la globalización financiera la USA Patriot Act otorga al poder ejecutivo estadounidense la posibilidad de vigilar y de investigar los movimientos bancarios si una parte, aunque sea residual, de estos pasa por Estados Unidos.

Esta transferencia de datos tiene lugar fuera del marco legal de intercambios de informaciones financieras entre gobiernos y a espaldas de las personas concernidas y de las autoridades de protección de la vida privada, nacionales y europeas. Como en el caso Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication), se trata de un sistema de relaciones indirectas entre unas empresas privadas extranjeras y su tutela estadounidense. Así, la ley estadounidense, en este caso la USA Patriot Act, tiene un carácter directamente imperial. Por medio de la decisión de estas empresas de someterse a ella se aplica directamente al extranjero y, por consiguiente, en territorio europeo.

Después, en junio de 2006, el New York Times reveló que una sociedad basada en Bélgica, Swift, transmitía secretamente el conjunto de los datos de las transacciones financieras internacionales a los servicios de aduanas estadounidenses y ello en el marco de programa de espionaje de la CIA [8]. Swift, una sociedad estadounidense de derecho belga, gestiona los intercambios internacionales de unas ocho mil instituciones financieras en 208 países. Asegura la transferencia de datos relativos a los pagos o a los títulos, incluidas las transacciones internacionales en divisas. En este caso la transferencia de datos personales es generalizada y ya no es estrechamente selectiva, como en el establecimiento de las disposiciones financieras de la USA Patriot Act de las que acabamos de hablar. Además, esta transferencia es más amplia ya que se refiere a transacciones que ni siquiera tocan el territorio estadounidense.

Desde 2002 la sociedad Swift había informado a sus autoridades financieras de tutela belgas y europeas, lo que significa que las autoridades europeas y los dirigentes de los bancos centrales estaban al corriente de este espionaje, pero que consideraron que se hacía en el marco de la lucha antiterrorista y que ellas no tenían que prevenir a sus gobiernos. Estos bancos centrales son considerados como órganos, dirigidos por Washington, de la lucha anti-terrorista. Por consiguiente, no sólo la sociedad Swift estaba en la más completa ilegalidad, sino también los bancos centrales europeos. Nunca se ha acusado a la sociedad Swift ni ha sido objeto de amonestación alguna por parte de los gobiernos y de los bancos centrales respectivos [9].

Silvia Cattori: ¿Podía esta sociedad oponerse a las órdenes de Estados Unidos ya que éstas podían permitir la detención de terroristas?

Jean-Claude Paye: Era difícil que la sociedad Swift pudiera escapar a las demandas de Estados Unidos en la medida en que su segundo servidor estaba en territorio estadounidense. Era difícil que Swift se negara, pero tenía la posibilidad de no transferir sus datos a territorio de Estados Unidos y de poder escapar así a los requerimientos de la administración estadounidense. Por consiguiente, se le puede reprochar la transferencia de datos personales a territorio estadounidense. Para transferir unos datos personales desde un país de la Unión Europea a otro que no tiene un nivel de protección adecuado había que obtener autorizaciones, respetar las reglas de protección de datos. La sociedad Swift no respetó estas reglas. La transferencia de estos datos a las autoridades de Estados Unidos era ilegal.

Prácticamente no tenemos ninguna prueba de que haya habido detenciones en el marco del espionaje de las transferencias financieras. Es sabido que no se necesita demasiado dinero para preparar atentados. El control financiero global no sirve para nada.

Silvia Cattori: Resulta chocante el silencio de los bancos centrales y de las autoridades belgas en relación a este asunto. ¿Se sancionó posteriormente a los culpables?

Jean-Claude Paye: Las autoridades europeas tenían que prohibir a la sociedad Swift, basada en territorio europeo, esta transferencia [de datos] a Estados Unidos. No había ninguna razón técnica que les obligara a transferir, de manera completamente ilegal, estos datos a Estados Unidos. Nunca se condenó a nadie.

Silvia Cattori: ¿Se pidió que cesara esta transferencia?

Jean-Claude Paye: Esto nunca se consideró. Ningún gobierno ordenó nunca a la sociedad Swift que detuviera la transmisión de estos datos a Estados Unidos. Se permitió a la sociedad Swift seguir transmitiendo los datos a la CIA, incluso después de que el escándalo fuera revelado a la opinión pública. La Unión Europea estableció después las modalidades para «legalizar» estas trasferencias ilegales hacia Estados Unidos. En junio de 2007 se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Silvia Cattori: En el caso de Estados Unidos, ¿acaso no se trata de un espionaje financiero encubierto bajo la lucha antiterrorista? ¿El comportamiento de la Unión Europea en este asunto acaso no indica que esto les conviene a todos?

Jean-Claude Paye: Estas transferencias de datos permiten a Estados Unidos beneficiarse de una distorsión de las reglas del mercado puesto que las autoridades administrativas y las empresas multinacionales, que están estrechamente vinculadas con los poderes ejecutivos de Estados Unidos, tienen la posibilidad de tener acceso al organigrama permanente del conjunto de las transacciones financieras internacionales. El acceso a la red Swift completa lo que ya permite el sistema de espionaje Echelon [10].

Silvia Cattori: No se trata, por lo tanto, de medidas para llevar a cabo «la guerra contra el terror», como afirma Bush, sino de otra cosa.

Jean-Claude Paye: El objetivo principal de Estados Unidos es poner a la Unión Europea en una situación de dependencia y obligar a sus Estados miembro a plegarse a todas sus exigencias, sobre todo si éstas violan las leyes europeas. Así es como se expresa la primacía de Estados Unidos sobre las leyes europeas y como, a partir de esta primacía, se opera una transformación de nuestro derecho.

Esta primacía del derecho de Estados Unidos sobre el derecho europeo se verifica también en las medidas de control de los pasajeros de las compañías aéreas. Desde que en 2003 la administración Bush obtuvo el acceso a las terminales de las sociedades instaladas en territorio europeo, Estados Unidos está en posesión de un conjunto de informaciones sobre cualquier persona que embarque en un avión: nombre y apellidos, religión, hábitos alimenticios, número de la tarjeta de crédito, itinerario, etc. Por ejemplo, las personas que indican que no consumen carne de cerdo son susceptibles de ser consideradas sospechosas de «terrorismo» y de ser sometidas a vigilancia por parte de Estados Unidos.

La transmisión de estas informaciones contradice completamente las legislaciones europeas de protección de datos personales. Se crea, pues, una situación de hecho en la que Estados Unidos impone a los países europeos la transferencia inmediata de los datos personales de los viajeros. Esto lleva más tarde a la Unión Europea a firmar un conjunto de acuerdos para legalizar una situación que violaba su legislación. El procedimiento de la carta de compromiso unilateral por parte de Estados Unidos, que se ha utilizado tanto en el «acuerdo» sobre los pasajeros de las compañías aéreas como en el de los datos financieros, marca la emergencia de una novedad en lo jurídico: ¡los países europeos ya no discuten en tanto que potencia estatal! Estados Unidos es quien otorga o deniega determinados derechos a los ciudadanos europeos.

Silvia Cattori: ¿Reconsideraron más tarde su decisión aquellos Estados miembro que firmaron acuerdos contra natura con Estados Unidos?

Jean-Claude Paye: En lo que concierne al control de los pasajeros de las compañías aéreas, la Comisión de la Unión Europea ya ha hecho mención en varias ocasiones de un proyecto análogo. La mayoría de los dirigentes de la Unión Europea tienen en lo fundamental una postura análoga a la de Estados Unidos. Respecto al control de los pasajeros de las compañías aéreas afirmaban: «Es absolutamente necesario responder afirmativamente a las demandas de Estados Unidos que exigen a las compañías aéreas instaladas en territorio europeo transmitir las informaciones sobre sus clientes; si no, los aviones europeos no podrán aterrizar en Estados Unidos». ¡Como si la Unión Europea no pudiera tomar medidas coercitivas análogas y prohibir a los aviones estadounidenses aterrizar en territorio europeo! Los dirigentes que tiene prisa por liquidar las libertades individuales utilizan las exigencias estadounidenses para hacer lo mismo a nivel de Europa. Esto les permite debilitar a quienes quieren salvaguardar las libertades.

Silvia Cattori: ¿Reaccionarán los cargos electos el día en que se den cuenta de que todo esto lleva a una sociedad totalitaria?

Jean-Claude Paye: Estas medidas no han sido discutidas. Nunca se han discutido a nivel europeo los acuerdos sobre los pasajeros de las compañías aéreas ni los acuerdos sobre las transacciones financieras o los acuerdos de extradición firmados con Estados Unidos. No ha habido debate alguno ni en la prensa ni en los parlamentos nacionales. Cuando el Parlamento Europeo se ha ocupado de estas cuestiones ha sido para criticar o rechazar los proyectos de los acuerdos. Sus competencias a este nivel se limitan a emitir opiniones consultivas no vinculantes.

Si se quiere comprender qué tipo de relaciones de subordinación mantiene la Unión Europea con Estados Unidos, donde hay que ver las cosas es a nivel de los acuerdos de cooperación policial y judicial, a nivel de la evolución del derecho penal. Nos encontramos en una situación en la que la Constitución no regula nada en absoluto. Se violan sistemáticamente todos los principios constitucionales de los países europeos. Todas las leyes aprobadas desde hace una decena de años son contrarias el espíritu de las Constituciones nacionales. Los partidos de izquierda y el movimiento alternativo han centrado todas sus fuerzas en torno al debate sobre el proyecto de Constitución Europea, que es un elemento que tiene relativamente poca importancia en relación a los temas de los que acabamos de hablar. A partir de ahora, lo que regula las relaciones entre los Estados y las relaciones entre un Estado y sus ciudadanos es esencialmente el derecho penal. Éste sustituye al derecho internacional y adquiere ahora una dimensión constituyente en lugar de la propia Constitución.

Silvia Cattori: Entonces, ¿no lo conocemos todo?

Jean-Claude Paye: Por supuesto que no, no lo sabemos todo. Sin embargo, algunos hechos empiezan a salir a la luz. Gracias a las revelaciones de la prensa estadounidense a finales de 2005 ahora sabemos que el programa ilegal de la NSA sobre el espionaje de las comunicaciones electrónicas y telefónicas estaba ya en funcionamiento siete años antes del 11 de septiembre de 2001. Esto demuestra que el sistema de espionaje al que los Estados someten a sus propios ciudadanos no es una medida cuyo objetivo es luchar contra el terrorismo, sino luchar contra las propias poblaciones. Y que las medidas que limitan las libertades no son consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, sino que forman parte de un sistema que ya se había establecido antes de los atentados. Simplemente, se ha acelerado este sistema represivo y se han legitimado las medidas tomadas anteriormente.

Silvia Cattori: Por lo tanto, ¿estos ataques contra las libertades que acaba usted de describir (espionaje de la opinión, espionaje financiero, control de los pasajeros de las compañías aéreas), sólo sería la parte emergente de un nuevo orden que se está estableciendo?

Jean-Claude Paye: Sí, por supuesto. La mejor prueba es el acuerdo de extradición firmado en 2003 entre la Unión Europea y Estados Unidos. De hecho se trataría de discusiones secretas que se han estado llevando a cabo durante años. Ahora bien, si hemos podido entrever una pequeña parte de estos acuerdos es porque este texto tenía que ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos, si no, no habríamos sabido nada porque por parte europea no era necesario ratificarlo puesto que los funcionarios permanentes del COROPER* tienen plenos poderes, no están controlados por ninguna instancia europea o nacional. Desde entonces no tenemos la menor idea de qué ocurre; sin embargo sabemos que continúan en secreto unas «negociaciones» y que Estados Unidos ha formulado nuevas exigencias. Por lo tanto, sólo hemos visto emerger una parte muy pequeña de la punta de este iceberg que constituye el conjunto de discusiones y acuerdos.

Silvia Cattori: ¿Ya no se libra nadie de ser fichado?

Jean-Claude Paye: En este marco de vigilancia todos nuestros datos personales ya no nos pertenecen, pertenecen a las autoridades administrativas y a las empresas privadas. Se ponen automáticamente a disposición de los Estados. El es fin del habeas corpus, del derecho de la persona a disponer de sí misma y es también el fin de la propiedad de uno mismo. La vida privada ya no existe.

Notas:
[1] Jean-Claude Paye, sociólogo, es el autor La Fin de l’État de droit, La Dispute, Parí,s 2004, y de Global War on Liberty, Telos Press, New York 2007. [La traducción del primero al castellano será publicado por la editorial Hiru en las próximas semanas, n. de la t.]

[2] USA Patriot es el acrónimo de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, literalmente, “ley sobre la unificación y reforzamiento de Estados Unidos atribuyéndole las herramientas necesarias para interceptar y obstaculizar el terrorismo”. Más que de una ley se trata de un voluminoso código antiterrorista cuya redacción emprendió en secreto durante al menos dos años antes del 11 de septiembre la Federalist Society, bajo la dirección del profesor John Yoo. La USA Patriot Act fue adoptada por el Congreso de Estados Unidos sin ser debatida bajo la conmoción del 11 de septiembre. Otorga plenos poderes a la policía del Estado, al FBI, a los servicios de inmigración en materia de detención, de interrogatorios, de tortura y de detención ilimitada en secreto y sin la decisión de un tribunal de ciudadanos que no sean originarios de Estados Unidos sobre la base de simples presunciones. También autoriza la vigilancia de las conversaciones telefónicas y de los correos electrónicos, los registros domiciliarios tanto de día como de noche en ausencia de la persona concernida y sin orden judicial.

[3] «A Permanent State of Emergency», Jean-Claude Paye, Monthly Review, noviembre de 2006.

[4] «Préoccupation sécuritaire», Jean-Claude Paye, La Libre Belgique, 27 junio de 2007.

[5] «Beyond intention», Jean-Claude Paye, Le Monde diplomatique, English edition, noviembre de 2006.

[6] «Un procès qui engage nos libertés», Lieven De Cauter, Jean-Marie Dermagne y Bernard Francq, La Libre Belgique, 16 de noviembre de 2007.

[7] «DHKP-C: Bahar Kimyongur acquitté à Anvers», Marc Metdepenningen, Le Soir, 7 febrero de 2008.

[8] «La CIA a contrôlé les transactions financières du monde entier via la société SWIFT», Grégoire Seither, Réseau Voltaire, 26 junio de 2006.

[9] «SWIFT: le Trésor états-unien au-dessus des lois européennes», Réseau Voltaire, 29 septiembre de 2006.

[10] Échelon es un sistema de espionaje electrónico común a Estados Unidos y Reino Unido que existe desde 1947. A esos países se han unido Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Las estaciones de estos países forman una sola red integrada. Véase Ducan Campbell, Surveillance électronique planétaire, Éditions Allia, París, 2OO1. Este libro retoma el informe que el autor preparó para el Parlamento Europeo.

* COREPER es el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea [n. de la t.]

Enlace con el original: http://www.voltairenet.net/article155237.html